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Crónica Jueves 8 de septiembre: el plan sistemático de exterminio


  • por Ana Melnik para el Diario del Juicio
CCD "Escuelita de Famaillá", actualmente Espacio de Memoria
PH Luciana Cerimele



A medida que se suceden las audiencias en el juicio por el Operativo Independencia, se revelan más detalles de los espantosos crímenes que se cometieron en esa sucursal del infierno que fue la Escuelita de Famaillá entre 1975 y 1976. La enumeración de los delitos sexuales, contra víctimas completamente indefensas y aterrorizadas, muestra que este tipo de tormentos no fueron una más de las torturas a las que eran sometidas, sino que constituyeron una práctica sistemática destinada a quebrar la voluntad de las secuestradas.

El jueves 15 de septiembre, una de esas víctimas declaró ante el Tribunal Oral Federal como testigo de identidad reservada. Contó que, en mayo de 1975 fue detenida en su casa, y la “razón” que le dieron los secuestradores fue que querían saber sobre su tío, un conocido dirigente azucarero. Por entonces, ella tenía 17 años.

El Operativo Independencia no se limitó a perseguir, secuestrar y desaparecer militantes y dirigentes políticos, sino también a sus familiares que, en muchos casos, desconocían las actividades que formaban parte de la militancia de la persona allegada por la que eran sometidos a la tortura.

El impacto, a nivel colectivo, de este tipo de secuestros tenía tal eficacia, sobre todo en el interior de la provincia, que las fuerzas armadas los perpetraron sistemáticamente durante el Operativo.

La mujer, que aún hoy sufre secuelas de la tortura, contó fue trasladada a la Jefatura de policía. Ahí estuvo detenida ilegalmente durante cuatro meses. La encerraron en una habitación en la que había muchas personas tiradas en el piso, inconscientes. Hasta ese momento, desconocía las razones por las que estaba siendo sometida a ese nivel de violencia. En Jefatura se acercó a ella un policía a quién conocía, que había sido pareja de una de sus hermanas. “¿Por qué me traen acá?” le pregunto, “Te trajeron para las averiguaciones, deciles dónde está tu tío”. Durante los interrogatorios la golpeaban y le aplicaban picana en las piernas. “Negra hija de puta, vos sabes dónde está, decinos”, era el reclamo que escuchaba constantemente.

Aunque aclaró siempre que no vivía con su tío, que no sabía nada sobre sus actividades, ni donde estaba, la crueldad de los interrogatorios no disminuyó. Durante el secuestro fue sometida a todo tipo de maltratos físicos y psicológicos. La golpeaban y la manoseaban, la trataban de “extremista”.

Durante los cambios de guardia, los mismos guardias la violaron reiteradamente.

Recordó que -durante los interrogatorios- le mostraron múltiples fotos de cadáveres, incluso una del cuerpo descuartizado de Dora Vega, “me decían que si yo no hablaba, me iba a pasar lo mismo”. Contó que el 25 de mayo, los guardias les sirvieron locro, que habían llenado de laxantes. Se burlaban de los presos y los amenazaban con sacarlos para hacerlos desfilar en ese estado, cuando nadie podía sostenerse de pie.

Durante el cautiverio, que duró hasta los primeros días de septiembre, recibió la ayuda de una mujer a la que todos le decían “la abuela de Famaillá”. Ella, cuenta, era cruelmente maltratada por los guardias, pero intercedía siempre para curar y ayudar a otros presos.


Los asesinados de El Timbó

José Antonio Figueroa declaró como testigo por el asesinato de su tío, Fernando Reyes Figueroa, con quien compartía la vivienda en 1975, cuando fue secuestrado junto a Miguel Ángel Toro Ledesma. Relató que el 3 de julio, cerca de las 20, irrumpieron en la vivienda cuatro hombres vestidos de civil y armados. Luego de golpearlos, se los llevaron. Ante las preguntas de la fiscalía, el testigo aclara que no tenía conocimiento, junto a su familia, sobre si su tío era militante político. Por entonces, éste trabajaba como fontanero.

Tres días después del secuestro, salió una nota en La Gaceta sobre la aparición de dos cuerpos sin identificación en el cementerio del Timbó. Durante esos días los habían estado buscado, y al enterarse de esta noticia sospecharon que podría tratarse de ellos. Acompañado de su amigo Pedro Salís fue hasta el cementerio, donde comprobó que uno de los cuerpos era el de su tío.

En el lugar no había nadie, excepto el sereno, quien les contó que la policía había dejado los cuerpos ahí, sin dar ningún tipo de explicación. Tenían las manos atadas con alambres y un tiro en la cabeza. Fueron enterrados sin que se les practicase autopsia, ni se abrió ninguna investigación por parte de la policía. Hasta el día de hoy, la familia de Fernando Reyes Figueroa desconoce el motivo de su secuestro y asesinato.


Terror y golpes en Villa Urquiza

José Héctor y Ana María Herrera declararon por el secuestro y desaparición de su hermano, Roberto Justo Herrera. Hacia 1975 tenía 20 años. Era militante peronista, estudiaba abogacía y trabajaba en obras sanitarias. Una noche de agosto, a las 3 de la madrugada, un grupo de 8 hombres armados, vestidos de civil y uniformados, irrumpieron en la casa familiar. Además de los testigos, estaban su madre, su abuela y otro hermano junto a su esposa e hija. José Héctor recuerda la violencia y el nerviosismo con que actuaban los hombres que ingresaron a la vivienda. “Parecían drogados”, dijo.

Revisaron toda la casa, rompiendo y tirando cosas al piso. A todos ellos los encerraron en la cocina. Cuando identificaron la Roberto Justo lo golpearon y se lo llevaron. Esa noche se desplegó un operativo en el barrio -Villa Urquiza-, donde había una unidad básica peronista. Además de Herrera fueron secuestrados Villa y Zurita, vecinos y compañeros de militancia. Luego del secuestro de todos ellos, quedaron hombres armados, apostados frente a las casas, vigilando a las familias.

A pesar de las averiguaciones que hicieron no pudieron dar con su paradero. Ana María recuerda que al realizar la denuncia por el secuestro de su hermano, en la comisaría 6ta, la policía le dijo a su madre que era imposible que uniformados hubiesen secuestrado a Roberto Justo. “Capaz que fueron los subversivos los que se llevaron a su hijo”, le respondieron.

José Héctor recuerda que ante el secuestro de su hermano, los vecinos dejaron de hablarles. “Nadie se quería meter, todos estaban muertos de miedo. Hasta el día de hoy. Estamos en democracia pero la gente ha quedado con miedo”. Él mismo estuvo detenido ese mismo año, durante una semana, en la Jefatura de policía. Su hermano ya había desaparecido, y él había logrado conseguir trabajo. Cuando su jefe se enteró que era hermano de un “subversivo”, le exigió que presentase certificado de buena conducta. Por esta razón fue a la Jefatura a realizar el trámite. Cuando dio sus datos, lo retuvieron y lo apresaron durante una semana. “Me va a pasar los mismo que a mi hermano”, cuenta que pensó en ese momento, pero finalmente lo liberaron. Recién en 2008 la familia realizó la denuncia por la desaparición de Roberto Justo. Durante el tiempo que lo buscaron, obtuvieron distintas informaciones sobre su paradero, hay testigos que creen haberlo visto muerto en el penal Villa Urquiza.

Inmediatamente después del secuestro fue muy difícil buscar información, e incluso denunciar. Ya habían sido catalogados como familiares de extremista, por lo que lo que ninguna de las denuncias avanzó.

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