miércoles, 20 de septiembre de 2017

LA SENTENCIA DEL JUICIO OPERATIVO INDEPENDENCIA

COMUNICADO DE PRENSA

Los organismos de DDHH de Tucumán, los familiares de detenidos desaparecidos y víctimas testigos que fueron parte de la Megacausa Operativo Independencia, nos dirigimos a la ciudadanía democrática de nuestro país para hacer pública nuestra perspectiva ante la reciente sentencia en este juicio:

1) Se llega a esta sentencia tras 42 años de lucha y exigencia de justicia por lo que sostenemos como un logro de esos años, que en la histórica resolución se haya reconocido que los delitos cometidos por las fuerzas militares y de seguridad durante el Operativo Independencia, decretado en 1975 por la entonces presidenta Estela Martínez de Perón, son crímenes de lesa humanidad. Así lo confirman las condenas a prisión perpetua de Roberto “El tuerto” Albornoz , Luis Armando De Cándido, Ricardo O. Sánchez, Miguel A. Moreno, Jorge Omar Lazarte y Enrique J. Del Pino.
El veredicto deja atrás las especulaciones sobre si durante la vigencia de un gobierno civil elegido democráticamente, el accionar criminal de las fuerzas militares y policiales, y sus cómplices civiles, podía ser juzgado bajo los mismos parámetros que los hechos producidos en la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional o si se trataba de delitos comunes. Las condenas a prisión perpetua ya destacadas cierra este debate, e implica que el plan de violaciones sistemáticas a los DDHH en Tucumán comenzó en 1975 y en este sentido, ahora, por fin ha llegado parte de la reparación histórica.

2) Sin embargo, si bien las calificaciones de los delitos en esta sentencia constituyen la reivindicación de la verdad histórica, consideramos que las absoluciones de los imputados Ramon C. Jodar, Jose Luis del V. Figueroa, Jose E. Cuesta, Francisco C. Orce, Alberto A. Svendsen, Jose R. Abba y Omar E. Parada, no se condicen con los hechos y pruebas aportados durante más de un año y medio de debate. También resulta contradictorio que para los delitos más graves que haya conocido la humanidad, la pena impuesta en dos casos (Castelli y Capitán) sea irrisoria y mucho menor a la aplicada al personal policial subalterno, usando para ello este Tribunal una vez, la declaración de inconstitucionalidad de la prisión perpetua.
Repudiamos la absolución de Omar Edgardo Parada, el militar con el rango más alto, que estuvo al mando del Centro Clandestino de Detención que funcionó en la base militar de Santa Lucia, y por ello principal responsable de los delitos sufridos por los habitantes de esa localidad.

3) Ningún tribunal del país que haya juzgado delitos de lesa humanidad utilizó con anterioridad al denominado “error de prohibición” para absolver a imputados por estos graves crímenes puesto que ello implica entender que quienes allanaron ilegalmente moradas y detuvieron ilegalmente personas (es decir secuestraron) no sabían que sus conductas eran ilícitas, ya que siguieron las órdenes de sus superiores. Ello implica abrir la puerta nuevamente a la excusa de la obediencia debida. Esto resulta además increíble en casos de imputados como Ramón Jodar, quien ya tiene una condena anterior por estos delitos y fue sindicado por diversas personas como autor de secuestros en Tafí Viejo.

4) Otro recurso inusitado que utilizó el voto de la mayoría del Tribunal Oral Federal de Tucumán es la exclusión de la pena accesoria de degradación militar de Pedro Adolfo López, al considerar atenuante la participación posterior del imputado en la Guerra de Malvinas. Muchos de los imputados en estos juicios participaron luego de la guerra de Malvinas, es el caso de Astiz o Mario Benjamin Menéndez, ello no quita la gravedad de los delitos que cometieron antes, en el marco de un ataque generalizado y sistemático de la población civil. Antes de ir a Malvinas López atentó física y emocionalmente, contra un conjunto de argentinos secuestrados y torturados y eventualmente desaparecidos… no existe ningún heroísmo en ese accionar..


Porque no reconocemos como definitiva esta sentencia y ante la libertad de estos acusados, desde ya, manifestamos que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los testigos
Las características de la sentencia de la causa Operativo Independencia nos obliga a seguir exigiendo y luchando por Justicia.

Sabemos que lo imposible solo tarda un poco más, y lucharemos para conseguirlo.

POR TODO ESTO DECIMOS:


-30.000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS, PRESENTES!!!
-NO AL 2X1 PARA LOS ASESINOS, TORTURADORES, DESAPARECEDORES EN NUESTRA ARGENTINA.
-HACEMOS RESPONSABLE AL ESTADO ARGENTINO POR LA SEGURIDAD DE LOS TESTIGOS VÍCTIMAS DE ESTE JUICIO.
Ph Elena Nicolay
§


H.I.J.O.S., Tucumán, Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, APDH, FADETUC, Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión por los Derechos Humanos de Tafí Viejo, Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, Secretaria de DDHH de CTA, Tucumán, Agrupación de EX PP Héroes de Trelew de Tucumán

lunes, 18 de septiembre de 2017

Los Fuegos del Operativo Independencia

Por Tina Gardella para El Diario del Juicio
Ph Carlos Rizo
El Juicio del Operativo Independencia fue y es mucho más que una sentencia. No porque la sentencia no haya cubierto las expectativas sobre la justicia en su función reparadora. Ni tan siquiera para consolar –si cabe un término de tan poca sustancia- a las víctimas que tendrán que cruzarse y mirarse y medirse con quien los secuestró y torturó.

Es que en el proceso de construcción de memoria, historia y justicia de nuestras comunidades, el Juicio del Operativo Independencia interpela a lo político para preguntar un “cómo seguimos ahora” desde un lugar en que ya se conoció lo que hicieron y como lo hicieron. Tuvieron que salir de sus madrigueras. No hay vuelta atrás.
Como es mucho más que una sentencia, pensamos que, con el permiso de Galeano, el Juicio por el Operativo Independencia fue un “mar de fueguitos”. De fuegos grandes, chicos, coloridos, serenos, locos, también los bobos y más aún: hubo fuegos perversos…y ahora  la sentencia, nos dio fuegos opacos y deslucidos.
Pero desde el Diario del Juicio siempre nos interesaron los fuegos ardientes, los que se encienden y alumbran, los que se encienden e iluminan, los que se encienden y entusiasman.
Junto a la Agrupación H.I.J.O.S. Tucumán, el Colectivo de Comunicación Popular La Palta y periodistas comprometidos con los DD.HH., los estudiantes de Comunicación, Historia y Letras de la FFyL-UNT construimos el Diario del Juicio del Operativo Independencia.
Esa articulación, que comenzara con la Megacausa Jefatura II-Arsenales II y que siguió ininterrumpidamente con los Juicios sucesivos, estuvo entramada en el Operativo Independencia por los fuegos de Justicia, Verdad y Memoria. Como fuegos que se pueden mover en su orden, hubo que poner esta vez en primer lugar al fuego de la Justicia. Porque después de años de un Estado que escuchó y que permitió diversas formas de inscripción simbólica, nos encontramos ahora con la indiferencia, el cinismo y el avasallamiento de los recorridos colectivos, históricos y políticos del conjunto de la sociedad argentina  para tramitar ese dolor. Para este  fuego de la Justicia, la sentencia no la representa.
Durante el desarrollo del Juicio hubo principalmente fuegos reparadores; de quienes testimoniaron como testigos o testigos-víctimas y de todos y cada uno de los asistentes en el duro aprendizaje de desarrollar la capacidad social de la escucha. Los fueguitos reparadores nos iluminaron para saber y constatar en este Juicio, que para que el testimonio tenga sentido, siempre debe estar dirigido a quien pueda escucharlo. Los testimoniantes y sus testimonios y  los integrantes del Equipo de Acompañamiento dieron cabal muestra de construir un fuego reparador.
Hubo también fuegos identitarios; de los lugares y comunidades tucumanas casi nunca nombradas, de familias, apellidos y nombres, de trabajos y oficios, de profesiones, de formas de relacionarse, de hábitos culturales, de formas organizacionales sociales y políticas de una época…Pero sobre todo, los fueguitos identitarios nos advirtieron, por el número de video conferencias mediando los testimonios, de la gran cantidad de pobladores expulsados desde Tucumán hacia algún otro país,  y  sobre todo, del verdadero éxodo de tucumanos, aterrorizados, hacia  otras provincias del país. De este fueguito identitario nos nutrieron todas las tonadas, todos los decires, las rutinas y hábitos, las matrices culturales, las raíces ancestrales de nuestras comunidades del interior. Y el respeto a esas identidades que tuvieron siempre Fiscales y Querellantes.
Los fuegos vergonzantes también estuvieron presentes. No sólo por la constatación que tienen los testimoniantes de pertenecer a la misma familia humana a la que pertenecen los autores de delitos de lesa humanidad. Es que el ejercicio de la crueldad en todos sus aspectos y manifestaciones materiales y psicológicas puso una vez más en cuestión, la propia condición de humanidad de los imputados. Ni qué decir cuando se trataron los delitos sexuales; situaciones traumáticas para las que ni siquiera el lenguaje es garante de ese decir sufriente.
Los fuegos del conocimiento popular también nos enseñaron en este Juicio, que la Verdad histórica no se produce sólo en la universidad, que la Comunicación se constituye en tanto experiencias de los vínculos sociales que va construyendo, que sin Justicia es imposible cualquier restitución de lazos sociales y que la sabiduría oral es el reaseguro de los olvidados y los silenciados de este suelo. En pocas palabras: a ser más críticos y a sospechar de nuestros saberes.
Finalmente hemos tenido durante el desarrollo del Operativo Independencia, un fuego ardiente como ningún otro. De esos fueguitos que cuanto menos están materialmente, más alumbran e incendian entusiasmos. Con Natalia y desde Natalia, cada uno de los integrantes del Diario se constituyó  en sí mismo en voluntad de transformación. 
De esta articulación entre la condición singular de sus integrantes y el hecho colectivo de lo político, emergió un Diario del Juicio Operativo Independencia que en todas y cada una de sus notas se propuso, como se lo proponen quienes testimonian, que la muerte no sea la que diga la última palabra.
Ph Carlos Rizo

lunes, 4 de septiembre de 2017

#YoVoyALaSentencia



HIJOS Tucumán invita al festival #YoVoyalaSentencia, que organiza en conjunto con La Palta Comunicación Popular. Se realizará el 9 de septiembre, desde las 17, en el Piletón del Parque Avellaneda (Av. Mate de Luna y Paso de los Andes).
El objetivo es convocar a la sociedad a participar de la lectura de la sentencia de la megacausa Operativo Independencia, que tendrá lugar el 15 de septiembre.

Bandas, murgas y artistas independientes tocarán de forma libre y gratuita. Entre ellos se encuentran Ana Jeger, Flavio Viera, Giamba (Roberto Giambastiani), Tetra Blues, Papaya, Musicleta, Plazoleta, Clowns Los Sombrelelos y la murga Pechando el camión. Además se realizará una campaña fotográfica para todos los que quieran invitar a la sentencia. ¡Los esperamos!

miércoles, 16 de agosto de 2017

Justicia

El 6 de mayo de 2016 comenzaba en Tucumán éste histórico juicio denominado "MEGACAUSA OPERATIVO INDEPENDENCIA". Quienes formamos parte de éste espacio, quienes día a día hemos apostado a ésta construcción colectiva que arrancó en el año 2012, empezamos a sentir a los lejos sonidos de sentencia. 
"Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan os iremos a buscar
"Cárcel Común perpetua y efectiva"
Queda muy poco para poder decir que en Tucumán se hizo JUSTICIA.
Justicia de "la legal", esa que les negaron a las víctimas y familiares durante décadas y Justicia de "la poética", esa que los y nos mantuvo de pie mientras los puños se apretaban gritando que "LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MAS".

Éste JUEVES y VIERNES continúan los ALEGATOS por parte del Ministerio Público Fiscal. Desde las 9:30, solo necesitas ser mayor de 16 años y traer tu DNI.


martes, 8 de agosto de 2017

La métrica del alegato

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio
Ph Elena Nicolay
Sin entrar en el terreno de la poesía, ni de la prosa. No es lo que se pretende. Tampoco vamos entrar en la pesada narrativa de intentar describir un denso momento, en el cual el anti héroe aparece en la historia. No vamos empezar a describir esa clase de personajes intelectuales, destacados, estudiosos y con un humor negro que nace de su distancia entre la comprensión del mundo y la del común de la humanidad.
Pablo Gargiulo es un abogado cuarentón. Su cabeza comienza a sentir cada vez más los inviernos crudos, debido a que una parte de su cabellera ha decidido jubilarse varios años antes que él mismo. Gusta de fumar un cigarrillo en la puerta del Tribunal Oral Federal cuando el juez dicta que la sesión debe pasar a cuarto intermedio. Los días de frío usa una boina, francamente, horrible.
Pablo está en pareja. No puedo afirmar si casado o no. En estos días modernos, los jóvenes inventan nombres cada vez más originales para nombrar el compartir la vida con otra persona.
Pablo tiene una abuela, que cree fuertemente que el estado más profundo de depresión al que puede llegar un ser humano, puede ser curado con cantidades bestiales de comida casera. Él concuerda con ella.
Pablo llamó a su abuela por su nombre una sola vez en su vida. Cuando debió dirigirse a ella como testigo en la causa por la desaparición de su hija. La madre de Pablo
Pablo descubrió, luego de muchos años, que su nombre provenía del nombre de guerra de su propio padre, y no de Pablo Neruda, como le habían hecho creer.
Pablo es parte de la querella que atendiende los casos de Zurita, González, Agüero, Leiva, Gómez, Martín, Gargiulo, Gómez de Gargiulo, Vicente, Achin y Jarolasky.
Pablo es hijo de desaparecidxs.
El pasado viernes 4 de agosto presentó ante el tribunal sus alegatos y los pedidos de condena que, según su entendimiento, debían recaer sobre los imputados.
El camino de su razonamiento tiene raíces en una sólida base histórica, la cual desarrolló al principio, retrotrayéndose hasta el siglo XIX, a la Campaña del Desierto, como el primer episodio en el cual el Ejército intervino para garantizar los privilegios de los sectores económicamente dominantes. La caminata histórica a la que el querellante nos invita continúa, hace alusión a los variados episodios en los cuales los sectores privilegiados de la sociedad se valieron del apoyo de las Fuerzas Armadas para sojuzgar a lxs trabajadorxs, para castigar y reeducar a las fuerzas en constante rebelión contra el sistema que los explotaba (lo sigue haciendo hasta el día de hoy). Su revisión de la historia argentina es causal. Tiene un objetivo, y es el de establecer la relación pujante que han mantenido estos bandos, el privilegiado y el explotado, y la asistencia que las fuerzas represivas han prestado al primero durante todo este proceso.
El abogado no se limita al Ejército. Agrega como responsables históricos de la represión a la Iglesia católica y a las fuerzas imperialistas extranjeras. Ambos elementos determinantes, tanto en su apoyo, como en su silencio y cooperación, que aseguraron la eficiencia y el alcance de la dominación sobre la población que las fuerzas armadas llegaron a ejercer.
Él no habla de una represión amorfa, sin sentido, ni aleatoria. Él define un tipo de control violento ejercido de manera organizada por personas altamente entrenadas en las tareas de control sobre la población, apuntada a doblegar específicamente la organización de lxs trabajadorxs, para poder transformar la naturaleza combativa de este grupo en una liviana docilidad que asegure los beneficios del empresariado. “Los sindicalistas representan el 42% de los casos jugados en esta causa. Había un solo verdadero objetivo cuando se implementó este plan sistemático de represión, y no era el de combatir a una guerrilla subversiva. El objetivo era liquidar el movimiento obrero y estudiantil de Tucumán”.
En su alegato, Pablo, define la estrategia comunicativa que se empleó para ocultar la realidad de violencia que implicó el Operativo Independencia, detrás una supuesta guerra contra la guerrilla subversiva oculta en el monte del sur tucumano. Hace alusión al término “teatro de operaciones”. Concepto empleado en los manuales militares y que se refiere al espacio de combate, pero que es empleado por Santiago Garaño, investigador del CONICET, para describir la construcción del terror como arma de acción psicológica apuntada a toda la población. Se pretendía justificar el asfixiante control social y la práctica de métodos de tortura sobre las personas mediante el desarrollo de un discurso que intentaba hacer pasar esta torcedura del orden legal y humano como una conducta razonable en el inminente marco de una guerra. Se lograba esta disociación de la realidad creando un enemigo. Uno difuso y maleable, que permitiera ajustarlo a las necesidades de las fuerzas represivas. Un enemigo que se presentaba como una amenaza para la sociedad, de la cual, el ejército debía proteger a la parte sana de la ciudadanía.  
Ya definido el enemigo, encarnado en la figura de la subversión, este constructo era utilizado como pantalla que buscaba justificar el secuestro y la tortura de las personas, con la excusa de que se buscaba obtener información sobre el enemigo. La víctima era expuesta ante lxs vecinxs como el enemigo, generando desconfianza, y rompiendo lentamente, los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad.
El Ejército Argentino aprendió a combatir la organización sindical estudiando las doctrinas francesa y estadounidense, formándose en lo que era considerado un tipo especial de combate. La “guerra contrainsurgente”. Estas doctrinas se pensaban especialmente para desarmar las estructuras sociales obreras que se organizaban con el objetivo de defender sus derechos. Esta ideología se inscribía en el contexto de la Guerra Fría, en la cual la lucha entre dos bloques mantenía dividido al mundo. Las doctrinas de esta guerra “no convencional” se centraban en la persecución de personas que adscribieran al pensamiento socialista, anarquista o cualquier expresión de se planteara en defensa de los derechos obreros, ya que se veía en ellos la sombra de la Unión Soviética y el marxismo. La contracara de bloque occidental capitalista.
Lo que el ejército planteaba, en palabras de Pablo, era una “hipótesis de conflicto”, lo que daba pie al estado de sitio en los el cual se intentó amparar legalmente al Operativo Independencia y la posterior dictadura. Aquí, el abogado hace una aclaración importante en su alegato. Afirma que, en primer lugar, es irrisorio plantear como un conflicto bélico real entre dos fuerzas que no tiene punto de comparación en cuanto a cantidad de personal, formación del mismo, armamento y equipamiento. El peligro real que puede haber llegado a representar la guerrilla en Argentina, no justifica la cantidad de recursos que se destinaron a esta supuesta guerra. No justifica la subversión de los intereses del Estado a los de las Fuerzas Armadas.
Esta alteración del orden democrático y el uso constate de las acciones psicológicas contra la sociedad corresponden a la imposición de un régimen autoritario, que estableció la persecución de toda persona que se identificara con una ideología opuesta a la moral occidental, cristiana y capitalista que se pretendía imponer. Esta lógica dictaba el asesinato todo individuo crítico del orden económico impuesto por los mayores beneficiarios de un sistema económico que genera, sui generis, desigualdad. En este contexto de una contienda a nivel global, las fuerzas armadas ejercieron una fuerte violencia sobre la clase obrera con el objetivo de mantener los privilegios de la clase dominante e imponer una mentalidad individualista, cometiendo atrocidades que hoy, podemos calificar como crímenes de lesa humanidad.
El secuestro, la apropiación de niñxs, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Todos estos crímenes inscriptos en una lógica sistemática de generación del terror y dirigidos desde la maquinaria del Estado, son lo que permite identificarlos como delitos de lesa humanidad, por lo cual no prescriben, y por lo cual, dice Pablo, lo imputados deben ser condenados.
Concluye el alegato. Las penas son requeridas en base al lugar que ocupaban dentro del esquema represivo y a la responsabilidad que tenía dentro del mismo. Para Alberto Alfredo Svendsen, se pidieron 12 años de prisión. Para Jorge Gerónimo Capitán, se pidió prisión perpetua. Para Enrique José del Pino, se pidió prisión perpetua. Para Jorge Omar Lazarte, si pidió prisión perpetua. Para Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz, se pidió prisión perpetua. Para Luis Armando De Cándido, se pidió prisión perpetua. Para Manuel Rubén Vila, se pidió prisión perpetua. Para Ricardo Oscar Sánchez, se pidió prisión perpetua. Para Omar Edgardo Parada, se pidió prisión perpetua.
El querellante solicitó que la pena sea cumplida en cárcel común, y de manera efectiva. Y que aquellos que por razones de salud o de edad no puedan cumplir la condena en una unidad penitenciara, sean sometidos a prisión domiciliaria, bajo el control del programa de vigilancia electrónica.
Pablo ha terminado su alegato. Ya no es más un abogado querellante. Su trabajo, para el cual podríamos decir que lleva una vida entrenándose, ha concluido. Al menos por este día. Ya han sido presentadas las razones técnicas, jurídicas y penales por las cuales considera que los imputados deben ser encontrados culpables.
Pablo ya no es el querellante. Es un militante que se encuentra frente a un jurado, encarnando una voz, un discurso que puja desde las calles, intentando meterse en las cabezas. “Señores jueces. Este discurso negacionista y legitimador con el que hemos tenido que convivir los familiares de las víctimas no puede continuar. Las técnicas de acción psicológica que se implementaron durante el Operativo Independencia perduran hasta el día de hoy”. Pablo nos cuenta la historia de un mundo, con desigualdades con violencia ejercida desde el Estado, de una policía impune, de genocidas que llegan a ser gobernadores y de concejales que, hasta el día de hoy, pretenden que el ejército intervenga para combatir la “inseguridad”. La nueva excusa, la nueva batalla fraguada, la forma actual de la “hipótesis de conflicto”, que plantea de nuevo un enemigo maleable y pretende justificar los excesos cometidos por la policía.
Pablo es un nieto. Nos cuenta como su abuelo se quedaba mirando a la nada en las noches de festejos de fin de año, con los ojos vacíos, enfocando el recuerdo de su hija más chica, a la cual nunca volvió a ver después del 5 de marzo de 1975, y de la cual no pudo escuchar una risa más, antes de fallecer.
“Ser un hijo de desaparecidos, es como tratar de armar un rompecabezas infinito, una imagen a la que siempre le faltan piezas. Uno no puede llenar la ausencia uno habita en ella. Y cuando uno habita en esa ausencia, aprende a hacer otras cosas con ella. Como compartirla, entonces cambia. No se llena, pero cambia”.
La sala de audiencias es un lugar sombrío o solemne, de acuerdo con la perspectiva desde la cual se la mire. Una sala amplia, mal iluminada. La disposición de la sala genera que, desde cualquier lugar, los jueces parezcan gigantes. Una distribución con un claro mensaje. Lo que se impone es la justicia del Estado, encarnada en los jueces, y un cristo irónicamente (?), anclado detrás de sus asientos, como vigía fuera de lugar, en una especie de alusión a la justicia divina, al ojo vigía de un dios, y a la cooperación entre Iglesia y Estado durante la implementación del plan sistemático represivo.
Pablo, solo con su voz, hizo de la justicia, poesía, en esa sala.

https://www.facebook.com/colectivolapalta/videos/1744131275615639/

lunes, 7 de agosto de 2017

Querellantes: Alegatos para el castigo, alegatos para habitar la ausencia, alegatos para construir futuro

Por Tina Gardella para El Diario del Juicio

Con la querella de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero, se iniciaron los alegatos del Juicio Operativo Independencia. Tanto la Dra. Inés Lugones como los Dres. Pedro Orieta y Rodrigo Scrochi abundaron en argumentaciones histórico-político- sociales para contextualizar lo escuchado, lo vivido, lo preguntado y contestado, lo inferido y constatado, lo analizado y relacionado para construir el pedido judicial del castigo desde esa estatura testimonial que excede lo jurídico para ser más jurídico aún.
La querella historizó sobre las condiciones de producción de la puesta en marcha del Operativo Independencia. Condiciones de lucha y resistencia; producción de la máquina del terror. Se rescató  a padres que con todos sus años y experiencia política encima, fueron muertos en vida al no poder evitar la máquina del terror del cual fueron víctimas sus hijos. Don Dalmacio Loto los representó. Se criticó la pregunta inquisidora, extraña a un profesional del Derecho y de extraña semejanza a quienes torturaban, acerca de la militancia de víctimas y testigos. Se habló del daño transgeneracional y de pertenecer a una generación que ha visto a madres, abuelas, hermanas y hermanos, a hijos e hijas sobrellevar su dolor para buscar a sus seres queridos y construir política desde esa búsqueda. Con voz firme y la convicción de las prácticas que la sostienen, se reconocieron como parte de una generación que no descansará  hasta que no haya ningún genocida impune.
También alegó el Dr. Pablo Gargiulo por la Secretaría de Derechos Humanos en general y por casos en particular.  Extensos, profundos y sólidos argumentos para dar cuenta del marco político de los hechos en cuestión, fueron el basamento de las inobjetables precisiones acerca de la responsabilidad de los imputados. Pero sin lugar a dudas fue su discurso situado en el carácter de depositario de toda la historia de ese 5 de marzo de 1975, como hijo de desaparecidos, lo que imprimió el mayor sentido a quienes participaron de la audiencia.

Sus palabras acerca del aprendizaje para transformar las ausencias en ausencias habitadas en tanto se las comparte, de las dificultades para construir una imagen cuando lo que hay es un  rompecabezas para armar al que siempre le faltan piezas y su evocación para Natalia Ariñez como quien vive, desde la convicción y la alegría en la lucha del Juicio y Castigo, fundamentaron el por qué es necesario que el tribunal dicte Justicia en tanto no sólo deben descansar en paz quienes no están, sino fundamentalmente, quienes sí están en este presente, sobrellevando una suerte de padecimiento sin fin.

martes, 1 de agosto de 2017

SPOT: LECTURA DE ALEGATOS - #MegacausaOI


Este jueves y viernes vení a presenciar la lectura de alegatos en el marco de la megacausa Operativo Independencia.
Más de 400 testigos prestaron testimonio en la sala del Tribunal Oral Federal, en San Miguel de Tucumán. El relato que aquí se escucha es una de las voces que se alzaron exigiendo Memoria, Verdad y Justicia.

Recordá que podés asistir a la lectura de los alegatos este jueves 03 y viernes 04 -a partir de las 9 a.m.- presentando tu DNI.
LOS JUICIOS SON DE TODOS, LA HISTORIA ES DE TODOS

lunes, 31 de julio de 2017

Recta final

271 víctimas
17 imputados
Más de 70 audiencias en 450 días de juicio Oral y Público.
Más de 400 testigos en sala 
30.000 Compañeros PRESENTES! 
LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MÁS
#YoVoyALaSentencia

martes, 4 de julio de 2017

Impunidad biologica

Murió el imputado Julio César Meroi uno de los imputados de la Megacausa Operativo Independencia. El genocida estaba acusado como autor mediato de 152 casos de violación de domicilio, 4 casos de robo doblemente agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en banda y en poblado, 190 casos de privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, 170 casos de aplicación agravada de torturas, 15 casos de delitos sexuales y 79 casos de homicidios triplemente agravados. Todo ello en concurso real con la comisión del delito de asociación ilícita.
Teniente 1° y luego Capitán del Ejército Argentino, 2° Jefe y Jefe del Estado Mayor de la Compañía de Comunicaciones 5 de Tucumán, bajo órdenes de la V° Brigada de Infantería, función que cumplió desde el año 1972 hasta el 16 de octubre de 1975. En tal función, tenía bajo su mando una unidad con una actuación descollante en la planificación y ejecución del plan criminal llevado adelante en Tucumán en el marco del "Operativo Independencia", es decir, en una posición de control de una porción del aparato criminal altamente relevante en la que actuó emitiendo y retransmitiendo directivas y órdenes, ejecutando a partir de su rol y de sus subordinados los hechos delictivos que se le imputan. 
MURIÓ IMPUNE.


lunes, 26 de junio de 2017

Lxs aparecidxs también están presentes

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio

El pasado jueves 15 de junio, a través de videoconferencia, declararon los investigadores Pablo Gallo, Profesor en Cs Antropológicas de la UBA y Sofía Galia, Licenciada en Antropología de la UBA, donde también trabaja en el área de análisis de laboratorio antropológico. Ambos son integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF). Este grupo de investigación especializado en la investigación forense para la identificación de personas cuenta con un prestigioso currículum y ha realizado diversas investigaciones en varias provincias del país, así como también en otros países.
El equipo ha realizado excavaciones en el Cementerio del Norte, recurriendo a relatos y fuentes documentales para localizar las fosas comunes donde la fuerzas represivas intentaron esconder la evidencia de los asesinatos cometidos durante el desarrollo del Operativo Independencia y la posterior dictadura cívico militar.
Las pericias realizadas entre 2006 y 2008 permitieron recuperar la identidad de 8 cuerpos enterrados como “NN”, de las cuales dos personas figuran como víctimas en la Megacausa “Operativo Independencia”.
Una de las víctimas identificadas es Juan Manuel Salinas quien fue empleado municipal de Villa Recastre. Salinas era delegado gremial y fue secuestrado en Los Ralos el 16 de marzo de 1976, a partir del testimonio de Santos Aurelio Chaparro se supo que fue retenido en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “El Reformatorio”. También se sabe que en algún momento pasó por Jefatura de Policía ya que figura en una lista elaborada por la policía de la provincia titulada “Índice de declaraciones de Delincuentes Subversivos”.
La otra víctima identificada en el Cementerio del Norte el año pasado es Ysidoro Ferreiro Barbeito, de origen Español. Barbeito se instaló con sus padres en Tucumán. Cuando la familia se mudó a Córdoba, él se quedó para estudiar Ingeniería Eléctrica. El padre de la víctima se enteró de su secuestro por un amigo de su hijo.
Los especialistas también dieron detalles sobre otras 9 personas identificadas el año pasado en las investigaciones realizadas en Pozo de Vargas, donde ya se han logrado realizar 107 identificaciones desde que comenzaron las excavaciones en 2011. Las víctimas a las que se refirieron Gallo y Galia en la pasada audiencia son:
Ricardo Romualdo Abad, conocido como “Bombo” quien era oriundo de Santa Lucía. Su caso está siendo juzgado actualmente en el juicio Operativo Independencia. Obrero en el Cuerpo del Departamento General de Irrigación y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Tenía 59 años cuando fue secuestrado el 4 de mayo de 1975 frente a su familia por 6 personas vestidas con uniforme militar. A los dos meses aproximadamente fue arrojado desde una camioneta roja en la puerta de su casa atado de manos con un alambre y con claros signos de tortura en el cuerpo. Los militares que lo llevaron hasta su casa le dijeron que lo dejaban allí para que se despidiera de su familia. A los pocos días fue secuestrado nuevamente. Se presumía que su cuerpo había sido arrojado desde un helicóptero porque al día siguiente de su segundo secuestro unos cuantos habitantes vieron como una persona con poncho rojo, vestimenta habitual en la víctima,  era arrojada.
Ricarda Azucena Bermejo García nació en España. Fue militante de la Juventud Universitaria Peronista y de Montoneros. Al momento de su secuestro el 2 de noviembre de 1976 tenía 23 años, enseñaba geografía y vivía con su esposo Jorge Rondoletto en casa de los padres de éste, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ese día, a la hora de la siesta, un grupo de 30 personas aproximadamente realizó un operativo en el cual rodearon toda la manzana, ingresaron al negocio del padre de Jorge, Pedro Rondoletto, obligándolo a subir a un vehículo. Luego ingresaron al departamento de la pareja en el piso superior  y se los llevaron ambos junto el resto de la familia Rondoletto. Los secuestradores, vestidos de civil y con medias de nylon en la cabeza, robaron todas las pertenencias de valor, así como también dos autos. Se sabe que Jorge y Pedro Rondoletto fueron fusilados en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga, pero de Ricarda solo se sabía que había estado en Jefatura de Policía. Se encontraba embarazada de 4 meses al momento de su secuestro.
Alicia Dora Cerrota nació en Avellaneda, Buenos Aires. Ella y su compañero, José Eduardo Ramos, fueron secuestrados el primero de noviembre de 1976 del domicilio donde vivían en San Miguel de Tucumán. Ambos eran militantes de Montoneros. Ella estaba embarazada de un mes al momento del secuestro. Fue vista un año después, en 1977, en Jefatura de Policía, por lo que se cree que dio a luz en cautiverio. Su desaparición fue juzgada en la Megacausa Jefatura de Policía II.
Juan René Lazarte fue secuestrado el 24 de diciembre de 1976. Nació en la ciudad de La Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán. Según http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar estaba cumpliendo el servicio militar, habiendo sido asignado a la provincia de San Luis. Su causa no forma parte de este juicio.
José Francisco Toloza era técnico en seguridad industrial en la división Higiene y Seguridad Industrial de la Dirección General de Saneamiento Ambiental de la provincia de Tucumán. El 24 de mayo de 1977 volvía de su trabajo en bicicleta cuando una camioneta del Ejército le cortó el paso y efectivos lo obligaron a subir al vehículo. “Pepe” estudiaba Mecánica en la UTN e Ingeniería industrial en la UNSTA. Tenía 27 años. Estaba casado y tenía una hija de 3 años. Nunca más se supo de él hasta ahora. Su caso no forma parte de esta causa.
Arnaldo César Correa era dirigente sindical del Ingenio Providencia. Fue secuestrado el 27 de enero de 1977. Tenía 28 años. Se lo vio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Su desaparición se incluyó en el juicio de la Megacausa Jefatura II-Arsenales II.
Carlos Raúl Osores era electricista y militante del Partido Comunista. Vivía en El Empalme Ranchillos junto con madre y sus hermanas. En agosto de 1976 un grupo armado ingresó a su casa violentamente preguntando por él. Ese grupo estaba comandado por Camilo “Pancho” Orce, actualmente imputado en la causa Operativo Independencia. Carlos fue secuestrado al mes siguiente, el 16 o 17 de septiembre. Tenía 26 años cuando fue secuestrado. Su hijo y su esposa declararon el en el juicio de Jefatura II - Arsenales II.
Jorge Luis Romero y Roberto Julio Romero tenían 21 y 22 años. Los hermanos fueron secuestrados juntos el 15 de abril de 1976

lunes, 12 de junio de 2017

Fue Genocidio

Por Fabiana Cruz para El Diario del Juicio

El día 2 de Junio la sala del Tribunal estuvo conformada por un decoroso público: amigos y familiares de los imputados por los delitos cometidos durante el denominado Operativo Independencia. No es sorprendente, puesto que aquel día prestó declaración Silvia Ibarzábal, hija del coronel Jorge R. Ibarzábal, cuya muerte fue en el año 1974. Tampoco fue menos llamativa la presencia del concejal Ricardo Bussi (hijo del ex represor Domingo Bussi condenado por crímenes de lesa humanidad, ya fallecido) cuya presencia comienza a hacerse típica en circunstancias en las que sus amigos cobran voz durante el juicio oral.
Silvia Ibarzábal es vicepresidenta de la “Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina” nombre peculiar y para nada inocente, puesto que trata de un grupo de personas que relativizan las cifras de los desaparecidos y traen consigo la farsante idea de “guerra” en lo que refiere a la situación política de los años 70 en Argentina. Puede destacarse también el hecho de que en sus ejes principales no se encuentran ni meras intenciones de iniciar averiguaciones por los destinos de niños apropiados, los cuales admite la mismísima Silvia Ibarzábal, fueron despojados de sus identidades en el contexto mencionado: “se deben saber los destinos de esos niños” dijo al Tribunal, pero no es objetivo primordial ni último de su agrupación. Dicha organización según cuenta Silvia, comparte relaciones con familiares de desaparecidos. Un mes atrás en el programa “Intratables” que se transmite por América TV, dijo que hoy se vive mucho en el pasado y que entonces se hace necesario convalidar un solo discurso para las generaciones actuales, transmitir la noción de que hubo dos bandos en guerra. Esta idea que intenta disfrazar sus pretensiones de impunidad y que es generada por un sector social determinado, pudo compartirla también ante los jueces, argumentando que falta una parte de la historia que no fue contada.
La mujer prestó declaración en un tribunal que se vio rodeado de carteles en el exterior con banderas argentinas, con acusaciones a las Abuelas de Plaza de Mayo, además de una escalofriante frase “Nunca fueron 30.000, ni fueron inocentes”, sumado a otros carteles de la misma índole en el interior de la sala. De esta manera, brindó detalles de los más precisos en lo que refiere a la muerte de su padre. Según Silvia y sus allegados ideológicos, Jorge Roberto Ibarzábal fue asesinado un 19 de enero de 1974 por miembros del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y estos previamente lo habían mantenido secuestrado por alrededor de diez meses. Expuso detalles sorprendentes sobre todo lo que sabía durante la persecución policial en la que su padre perdió la vida, antes y después de la misma. Por último, brindó información periodística proveniente de la época.                       Cabe destacar que Silvia pudo enterrar a su padre, que recuperó el cuerpo y seguramente realizó el ritual de despedida. Mientras que hay un gran contraste con aquellos, “los del otro bando”, que una vez muertos fueron desaparecidos, como ser el caso de Sergio Dicovsky, acusado por Silvia de ser el autor material del asesinato. Dicovsky fue desaparecido en el año 1974, en el mismo día en que murió Ibarzábal. No hay detalles tan puntillosos acerca del destino del joven militante, pero lo cierto es que Sergio ya no está y que no hubo una causa en su contra al momento de su desaparición. No hubo un proceso judicial avalado, como no existió tampoco con las miles de víctimas del Operativo Independencia en Tucumán.
Podría hacerse memoria sobre el accionar militar y policial en Tucumán en aquella época, revalorando a los centenares de testimonios recogidos sobre personas que afirman que fueron secuestradas sin orden de arresto, a las que se allanaron sus hogares, se torturaron con picanas eléctricas, cortes en el cuerpo, patadas, escupitajos, golpes de puño hasta dejarlos inconscientes, baldazos de agua fría, hormigas en el cuerpo, amenazas de tirar sus cuerpos al vacío desde aviones, traslados en camiones como si fueran basura, más amenazas de muerte a familiares y amigos, balazos en piernas, abdomen, cara, sin atención médica, sin higiene y sin explicaciones de nada. Cuántos infinitos ejemplos monstruosos más de cosas que sucedieron en cautiverios clandestinos; mujeres que fueron violentadas sexualmente, niños separados de sus padres y otorgados a otras familias con la complicidad de la Iglesia, individuos a los que la locura después de haber sobrevivido al horror les provocó lentas y dolorosas muertes. Puede también hablarse de los exiliados, de los que no se animaron nunca a hablar, de los que vieron cosas y tuvieron miedo de decirlas, de los que fueron intimidados para callar, de los perseguidos inclusive en democracia, de los que todavía no saben dónde están los cuerpos de sus familiares, de los que sí saben y los encontraron en el Pozo de Vargas o en fosas comunes, de los asesinados y los desaparecidos. Así, con este par de cartas sobre la mesa, está el camino ancho y libre para decir con total seguridad que no hubo una guerra ni dos demonios, que no hay justicia si los responsables no cumplen condenas, que fue un plan sistemático de exterminio, que se violentó familias, universidades, sindicatos, agrupaciones, a militantes y no militantes, que los pueblos fueron arrasados, que el miedo fue instaurado en toda la sociedad y que aún se siguen sufriendo las consecuencias.
La teoría de los dos demonios quiere cobrar un mayor valor con estrategias discursivas aberrantes, se trata de un contexto político que lo permite, de medios masivos de comunicación que lo legitiman y reproducen, de una sociedad que ignora que para llegar a las cifras con las que se cuentan (30.000 compañeros desaparecidos) hubo años de investigación y de luchas, de conquistas sociales, de convertir todas estas causas en agenda obligatoria del Estado.
Pero vale también decir que en estos tiempos la unión resiste a la mentira, que las calles serán tomadas a cada provocación y a cada intento de olvido. Que aunque intenten distorsionar la verdad, envenenar la memoria, estará siempre un sector combatiente por los que no están, por los que se fueron, por los sobrevivientes, por sus familias y por toda una sociedad que dice al unísono: Nunca Más.

viernes, 9 de junio de 2017

Una vida en un contexto histórico

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio
Ph Elena Nicolay
En la audiencia del pasado jueves 1 de junio fue escuchado a través de videoconferencia desde Buenos Aires, Daniel de Santis, profesor de física de la Universidad de La Plata ya jubilado. Su historia de vida puede asimilarse a la de un diario de motocicleta, al sueño joven de un revolucionario con la carga de los años encima. A través de su relato, y a la luz de todas las audiencias transcurridas, podemos comenzar a entrever la estructura de la estrategia legal e ideológica planteada por la defensa. Si bien ya estamos cerca del final del juicio, los alegatos todavía no han sido planteados, pero a través de un análisis del discurso empleado desde la defensa podemos deshilar cuáles son las ideas que sostienen la “inocencia” de los acusados.
Daniel de Santis fue un reconocido militante del “Partido Revolucionario de los Trabajadores” (PRT), habiendo formado parte también de su brazo armado el “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP). En la actualidad  milita en la Juventud Guevarista Argentina y en la Unión del Pueblo, además dirige la Cátedra “Che Guevara”, desde la cual se ofrecen distintos cursos relacionados principalmente con el pensamiento del revolucionarios, el proceso revolucionario en América Latina y la historia del PRT-ERP.
La historia del PRT-ERP es algo que lo atraviesa profundamente. Comenzó a militar en 1968 y llegaría a ser parte del Comité Central en 1975, por lo cual, es innegable que sus investigaciones sobre la historia del partido ofrece una mirada muy valiosa a la hora de reconstruir el clima de la época en la cual comenzó gestarse el Proceso de Reorganización Nacional llevado adelante por las Fuerzas Armadas Argentinas, y su antecedente inmediato, el Operativo Independencia.
De Santis fue ofrecido en primer término por la fiscalía como testigo de contexto, particularmente en relación a su libro “La historia del PRT por sus protagonistas”, el cual también está ofrecido como prueba en la causa.
Curiosamente la fiscalía lo desestimó, sin embargo fue la parte defensora quien insistió en que De Santis fuera llamado a testificar. El porqué de su insistencia en llamar particularmente a este testigo llama la atención, dado su perfil, uno podría imaginarse antes de escuchar el relato que un histórico militante socialista tiene poco para decir en favor de imputados por delitos de lesa humanidad. En base a la práctica discursiva que viene sosteniendo la defensa pública podemos conjeturar, más allá de una defensa técnica, que la estrategia apunta a continuar con la construcción de un relato que pretende establecer un escenario en el cual las acciones de los imputados respondieron a las exigencias de un supuesto enfrentamiento con grupos guerrilleros. Es así que se intenta enmarcar las prácticas represivas y delictivas cometidas por los miembros de las fuerzas de seguridad dentro de un contexto de conflicto armado entre dos bandos, entre los cuales se encontraba la población, quien desgraciadamente habría quedado en el medio de estas dos facciones. Esta construcción ideológica, argumentativa y discursiva es lo que se conoce como la “Teoría de los dos demonios”, la cual tiene a su vez una veta judicial, como podemos ver en las preguntas y comentarios realizados por las defensas tanto pública como privada.
Esta teoría niega el genocidio y la persecución política llevada a cabo por las fuerzas de seguridad antes y después del golpe cívico-militar de 1976, la misma pretende equiparar el accionar de grupos disidentes con los agentes del Estado, invisibiliza la sistematicidad de estas prácticas, del terror público y la clandestinidad como armas de acción psicológica, el robo (también sistemático) de niños recién nacidos y separados de sus familias, negándoles su identidad. Esta idea de una guerra esconde las torturas, los secuestros el uso sistemático (otra vez esa palabra) de la violencia de género como método de tortura contra las mujeres.
Daniel de Santis desarrolla este concepto durante su testimonio, y ante las primeras preguntas de la defensa en alusión la “lucha popular” planteada en su libro responde “ya sé a dónde me quiere llevar. Usted analiza desde la doctrina militar a sus defendidos, los cuales representan una institución capitalista, esto no tiene que ver con los términos militares, es una cuestión ideológica. Es ocioso buscar entender el concepto de lucha popular desde esta concepción. Se tiene que entender que el pueblo se encontraba arrinconado en ese momento, había crisis, la represión era cada vez más intensa, estábamos arrinconados. En ese sentido la “lucha popular” se alzaba impulsada por las injusticias. No podemos salirnos de ese contexto”.
Desde un enfoque que pretende investigar los crímenes cometidos durante el proceso represivo, pero que también intente teorizar sobre el proceso histórico que atravesó la República Argentina, es importante entender la represión también como una categoría de análisis que nos permita pensar en ella como un mecanismo de control sobre la sociedad. En este sentido, el profesor De Santis opinó que esta represión se transmitió a través de una agresión que continúa hasta el día de hoy. La negación de quienes formaron parte del aparato represivo a revelar la ubicación de los cuerpos de lxs desaprecidxs, a revelar la identidad de lxs niños secuestradxs, son prácticas que indican una violencia que se ha mantenido por más de cuarenta años. “Santucho sigue desparecido. Más del 60% de este glorioso partido está desaparecido. Ustedes, los acusados, no querían juzgarnos, querían exterminarnos”.
El testigo dedica una sección especial de su relato para aclarar una serie de números. En primer lugar indica que nunca hubo seis mil combatientes. Si llegaron a contarse poco más de cinco mil trescientas personas organizadas, de las cuales no todas eran militantes. “Algunos teníamos armas. Una pistola nada en comparación del rifle de un soldado. Nos perseguían. Nos mataban. Nuestra preparación militar, si es que así se le puede llamar, distaba mucho de la que recibía un soldado del Ejército Argentino. No teníamos cuarteles, ni plazas de armas. Estos políticos burgueses, estos militares, ellos empujaban a la juventud estudiantil, a este pueblo obrero, a la lucha, a la resistencia. Por la violencia, por el hambre”.
Concluidas las preguntas de la defensa, el testigo relata guiado por las preguntas de la fiscalía, el contexto desde una perspectiva que abarca los procesos anteriores a 1975. En 1971 Susana Gaggero denunciaba el secuestro de su compañero, Luis Pujals, de la casa en la que vivían. Hasta el día de hoy continúa desaparecido. Susana fue torturada en esa misma casa y sería asesinada en 1976. Su cuerpo fue identificado recién en 2005. Pujals fue el primer caso de secuestro y desaparición sufrido por el PRT, además de los 104 casos de desaparición durante el gobierno constitucional, a los que deben ser agregados los secuestros ocurridos durante la última dictadura militar.
Hay un hecho interesante que se repite en muchos testimonios, y es que en muchas ocasiones los testigos no hacen una diferenciación clara entre el accionar de las fuerzas represivas antes y después del comienzo de las dictadura en 1976. De hecho, muchos testimonios ni siquiera hacen esta diferenciación entre antes y después del comienzo del Operativo Independencia. De Santis afirma que ya en el 74 la presencia militar y policial en Tucumán era desmedida para las fuerzas que se intentaban “combatir”. Podemos ver en esta pequeña referencia la continuidad de un procesos de escalada en la violencia y la sistematicidad de los mecanismos represivos, los cuales ya habían comenzado a funcionar en ciertos espacios antes incluso del comienzo formal del Operativo militar en Tucumán. El caso del Ingenio Nueva Baviera, en el sur de nuestra provincia, por ejemplo. Alrededor del cual las historias de secuestro y torturas a obreros de la fábrica y el surco comienzan en el año 72.
El testigo, quien fue llamado para aportar sobre el contexto, no puede hablar en tercera persona el proceso que se vivió. Él fue parte de ese contexto, moldeado y transformador del mismo. Concluye su relato “La idea de una guerra es absurda. Desde la misma doctrina militar no puede plantearse un enfrentamiento bélico como tal entre un ejército regular y nosotros, que jamás llegamos a conformarnos como tal. Jamás fuimos reconocidos como una fuerza beligerante ni ejército estable por ningún organismo, lo cual descarta totalmente la teoría de una guerra. Lo que buscaba el Ejército era el exterminio del enemigo. El enemigo era el pueblo. Por eso aniquilaron poblaciones enteras. No hubo una guerra, y si hubiera sido, la convención de Ginebra prohíbe toda una serie de prácticas, las cuales fueron todas aplicadas. Contra la población. La mayoría de las muertes se producían en el llano, es decir, la mayoría son desaparecidos o desaparecidas, y sin embargo querían hacer pasar esas muertes como productos de un combate ¿Y los cuerpos? ¿Por qué nunca fueron devueltos a sus familias?

lunes, 5 de junio de 2017

Día del Periodista

Por Tina Gardella para El Diario del Juicio


Desde la sala de audiencias del TOF, al mirar hacia arriba, un puñado de jóvenes se visualizan tras del vidrio que particulariza a ese sector del primer piso del edificio. Una especie de “pasarela vidriada” ha sido acondicionada tras sucesivos juicios para que los periodistas puedan cumplir su labor profesional. Desde distintos medios gráficos, radiofónicos, televisivos y portales de internet, acuden sus corresponsales a dar cuenta de lo que se desarrolla en el recinto o a buscar una entrevista informativa institucional preferentemente. Van y vienen. No están en todas las audiencias y por el “ritmo informativo” según la jerga periodística, los Juicios de Lesa Humanidad no ocupan lugar prevalente en la agenda para los medios, más allá de algunas excepciones y más allá de la voluntad de los propios periodistas.
Quienes sí están en todas las audiencias, son los integrantes del Diario del Juicio. Estudiantes universitarios y periodistas que sin descuidar el valor de la información y los logros para institucionalizar las problemáticas singulares/colectivas de la actuación terrorista del estado, ponen su trabaja al servicio de aquellos silenciados, olvidados y ninguneados de la historia.
Los testimonios de las víctimas, los testigos que acuden con toda su carga emocional y traumática, las historias de familias truncadas para nunca volver a ser lo que fueron, los amores destrozados, los hijos aterrados, los niños buscados, el desarraigo, la pobreza convertida en miseria, el trabajo reducido a la nada, el desprecio por el conocimiento y los saberes ancestrales, el control y disciplinamiento académico, las profesiones “marcadas”, la desconfianza instalada, la sospecha acrecentada, lazos y más lazos sociales hechos trizas… Estos han sido y son los múltiples abordajes llevados a cabo desde el Diario del Juicio en el afán de aportar a la construcción de una memoria atravesada por el necesario castigo a los culpables y por una justicia que sea el reaseguro del vínculo social. Para eso construyen escucha, la propia y la escucha social.
Dan cuenta de estos abordajes hasta las propias notas del Diario del Juicio relacionadas al campo periodístico: la desaparición y secuestro de Héctor Manuel Freijó, periodista y director de la revista “Claridad”, en Monteros (“Yo te voy a decir donde está enterrado tu papá” del martes 14 de Febrero de 2017) y la de Maurice Jeger, periodista corrector del diario La Gaceta (“La importancia de la construcción y el acompañamiento” y “Reflexiones de un hombre pequeñito” del martes 21 y miércoles 22 de Febrero de 2017 respectivamente)
Lo que se narra, la crónica que se instala, responden a un decir situado porque hay un recorrido histórico, político y social de los organismos de derechos humanos que ha demostrado la falacia del negacionismo y porque los integrantes del Diario del Juicio articulan y relacionan lo que escuchan y lo que pasa en las audiencias, con un presente que los atraviesa e interpela a ellos mismos.
No es raro verlos en las audiencias pero también en las marchas de Ni una Menos, en las expresiones contra los casos de violencia y abuso policial o en propuestas artísticas y culturales que entrelazan presente, pasado, futuro en una valiosa y rica experiencia político-social.
Por eso, para la marcha del 24 de marzo, los integrantes del Diario del Juicio eligieron para estampar en su remera la frase de Francisco “Paco” Urondo:
Arderá la Memoria hasta que todo sea como lo soñamos

Para el Día del Periodista, los integrantes del Diario del Juicio tienen un lugar privilegiado de festejo.

viernes, 2 de junio de 2017

La lucha de los Pueblos Originarios

Por Sofía Romera Zanoli para El Diario del Juicio

“Después de la década del 70 y a través de una larga lucha, que implicó 40 años, luego de vivir situaciones de injusticia y opresión, nuestros pueblos lograron el reconocimiento de los derechos colectivos por parte del Estado Argentino”, Delfin Gerónimo, Secretario General de la Unión de los Pueblos Diaguitas

Ph Elena Nicolay
La historia Argentina suele pasar por alto la participación de miembros de las Comunidades Indígenas como sujetos políticos. Comunidades que debieron organizarse para poder resistir el avance del terrorismo de Estado durante los años 70. Esta ausencia se ha hecho evidente a lo largo de los juicios por delito de lesa humanidad que se han llevado adelante en Tucumán, donde hemos podido reconstruir las historias de militantes sociales, sindicalistas, estudiantes, vecinos, obreros, políticos, intelectuales pero pocas veces hemos escuchado testimonios de indígenas.
Recién en Operativo Independencia, doceavo proceso judicial, han comenzado a sonar las voces de las Comunidades. Esas voces que dan cuenta que en nuestra provincia muchos de los desaparecidos y asesinados militaban o eran líderes  de organizaciones sociales indígenas, ejemplos de lucha que defendían sus territorios de los intereses de los grandes terratenientes.
Delfín aseguró: “en los años de dictadura cívico-militar se implementaron métodos destinados a vulnerar los reclamos de las movimientos indígenas en Tucumán”. El relato que el testigo-víctima Raúl Héctor de la Cruz expuso el pasado jueves 18 de mayo ante el Tribunal Oral Federal,  es una prueba ello. Raúl es oriundo de Tafí del Valle. Actualmente tiene 70 años.
“En 1972 las comunidades formamos La Federación Indígena con el fin de defender nuestras tierras de los avances de los terratenientes, pero la disolvimos una vez que empezaron los secuestros”, contó Raúl.
Todo comenzó en 1975. “Un grupo de hombres vestidos con uniforme verde irrumpieron en mi casa y me pidieron que los acompañe. Me encapucharon y me llevaron junto a dos compañeros de la Federación Indígena: Pedro Pablo Santana Campos, presidente de la organización y a Martiniano López, a un destacamento de Gendarmería que se encontraba en la zona del Mollar”.
Fuimos torturados e interrogados, nos preguntaban si teníamos contactos con grupos políticos, luego fuimos trasladados a la Escuelita de Famaillá, allí se escuchaban gritos y llantos. No teníamos noción del tiempo, sólo sabíamos que cuando ponían música fuerte empezaban las torturas”. El hombre aclaró que la última vez que escuchó a sus compañeros fue en ese centro clandestino de detención que funcionaba en La Escuelita.
En una oportunidad, los captores llevaron a Héctor a un aula donde “había una chica, parecía que tenía 16 o 17 años,  estaba totalmente desnuda y atada sobre una cama elástica, en un momento me sacaron la capucha que tenía puesta y le preguntaron si me conocía. La mujer contestó que no”, recordó el testigo con un cierto alivio, como si la respuesta de la joven lo hubiera salvado de una paliza.
También lo pusieron ante  Acdel Edgardo Vilas, el militar-genocida que antecedió a Antonio Domingo Bussi en el mando del Operativo Independencia en 1975 y que luego actuó como segundo comandante del V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. Acusado de ser el responsable de varios casos de secuestros y torturas, Vilas falleció en el 2010 sin ser juzgado por la justicia argentina. “Yo lo conocía porque él tenía una casa en Tafí del Valle, me dijo que lo único que podía hacer por mí era legalizarme y esa misma noche fui llevado a la cárcel de Villa Urquiza”
Tiempo después Raúl  fue trasladado a la cárcel de La Plata, luego a Sierra Chica y por último a Trelew. Recuperó su libertad en 1983. Hoy, más de 40 años después su historia llega a la sala de audiencias por pedido del Ministerio Público Fiscal, ya que el testimonio de Raúl Héctor Cruz no estaba previsto en este debate. Su nombre fue agregado a la lista de testigos, en los últimos días del juicio que juzga los delitos cometidos por 19 imputados  ex miembros de las fuerzas armadas antes del golpe de Estado de 1976.

lunes, 29 de mayo de 2017

Soldados anónimos

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio

Ph Elena Nicolay
El día después de Navidad encontró a Rómulo Francisco Moreno cocinando para él y su familia. Lo encontró compartiendo con su esposa, el abuelo de ella, con sus tres hijas, con su suegro y con una cuarta hija que nunca conoció.
El 26 de diciembre de 1975 encontró a este trabajador de la zafra vendado, golpeado y secuestrado frente a toda su familia.
El pasado 18 de mayo declaró su esposa, Ramona Ester Fregenal. Ella relata ante el tribunal la traumática experiencia de ver entrar a un grupo armado a su casa y revolver todo el lugar mientras su compañero era llevado frente a sus ojos. Al salir a la calle se encontró con toda la cuadra llena de vehículos militares, entre ellos estaba el camión donde sería trasladado Moreno.
Primero fue llevado a la Escuela de Las Mesadas, el pueblo donde residía con su familia, luego el mismo camión lo llevaría hasta la base militar emplazada en el Ingenio Santa Lucía.
“Yo los vi ahí. Todos los vehículos que habían estado en la puerta de mi casa estaban estacionados frente a la base, pero ellos no me querían decir nada. El que me atendió ni siquiera me quiso decir su nombre. Yo no quise preguntar quién estaba a cargo, tenía mucho miedo, se sabía en el pueblo que estaban secuestrando gente y se sabía que ahí los tenían detenidos.”
A los pocos días, Roberto Antonio Moreno, sobrino de la víctima, le confesó a la testigo que él también había sido secuestrado y que lo habían golpeado para que dijera dirección de su tío “Gatica”, como era llamado Francisco en el pueblo.
El jueves 11 de mayo prestó testimonio Hortensia del Carmen Juárez en relación a su propio secuestro, pero su historia da a entrever el porvenir de Francisco Moreno. La testigo cuenta que fue secuestrada de su casa con solo 15 años y que fue retenida en un lugar que no puede reconocer porque estaba vendada de ojos, pero asegura que probablemente haya sido en el Ingenio de Santa Lucía. Allí había un hombre que al parecer estaba en un estado de locura por las torturas sufridas. “Gritaba todo el tiempo el pobre, les rogaba a los militares, les decía que su esposa estaba embarazada, que por favor lo suelten porque tenía que ir a cuidarla. Yo lo reconocí por la voz, no se el nombre, pero en el pueblo le decían “Gatica”. Un día no lo escuché más, los que nos vigilaban se cansaron de escucharlo gritar y lo llevaron afuera y lo fusilaron”.

Ramona Ester Fregenal esperó el regreso de su esposo un año, con cuatro hijas y sin trabajo, hasta que finalmente tuvo que mudarse a Buenos Aires para poder mantener a su familia. Nunca más supo el destino de su esposo.